Reino Unido: el expediente contra AROPL en Crewe sigue vacío: al parecer, hace falta más información de inteligencia…

REINO UNIDO: El expediente contra AROPL en Crewe sigue vacío: la investigadora policial dice que hace falta más información de inteligencia…

Un tribunal de Chester prorroga por otros seis meses las órdenes restrictivas contra siete miembros de AROPL. Relato de un testigo presencial de la audiencia

Por Hans Noot, director asociado de Human Rights Without Frontiers

HRWF (28.10.2026) – El 22 de octubre de 2026 pasé un día entero en el Tribunal de Magistrados de Chester. Era uno de los cuatro observadores internacionales que seguían el caso de la Religión Ahmadi de la Paz y la Luz (AROPL). La Policía de Cheshire había pedido al tribunal que prorrogara por otros seis meses las Órdenes provisionales de Riesgo de Esclavitud y Trata (STRO) contra siete miembros de la comunidad religiosa. La policía dijo que necesitaba ese tiempo para reunir más pruebas. La investigación comenzó con la redada en Webb House, en Crewe, el 29 de abril de 2026.

Casi seis meses después de que más de 500 agentes entraran en la sede de la comunidad, nadie se enfrenta a ningún cargo relacionado con las acusaciones que justificaron la redada. Por lo que sabe el público, no se encontraron drogas ni armas de fuego, y no hubo indicio alguno de un problema de seguridad para la sociedad o el Estado. Lo que los agentes sí encontraron el 29 de abril fue un grupo de creyentes conmocionados.

Aun así, el tribunal concedió a la policía lo que pedía.

Un tribunal abierto, pero no para todos

Los cuatro veníamos de dos continentes. La Dra. Susan Palmer, socióloga de la religión de Canadá, ha escrito extensamente sobre las redadas estatales contra religiones minoritarias en el mundo. Marco Respinti, director responsable de Bitter Winter, vino de Italia. Heshmat Ali, abogado con sede en California que asesora a AROPL, vino de Estados Unidos, y yo vine de los Países Bajos en nombre de HRWF.

Salimos temprano de nuestro B&B en Crewe y a las 8:55 de la mañana ya habíamos pasado el control de seguridad en Grosvenor Street. La audiencia estaba fijada para las 10:00. Las puertas de la sala se abrieron con más de media hora de retraso, y nadie explicó por qué.

Justo antes del inicio, se nos dijo que solo había tres asientos disponibles para nosotros y que teníamos que elegir quién de nosotros se quedaría fuera. Tras nuestra petición, el juez tuvo la amabilidad de permitir una cuarta silla. Sin embargo, al entrar, seis o siete manifestantes ya estaban sentados. Llevan meses haciendo campaña contra AROPL desde la redada, y algunos de ellos han acosado a sus miembros, incluido yo mismo cuando estuve allí en julio. En septiembre, el Chester Standard informó de un altercado entre manifestantes a las puertas de este mismo tribunal, así como de intentos de grabar dentro del edificio, lo cual es un delito penal.

No cuestiono el derecho de cualquier persona del público a asistir a una audiencia abierta. Sí cuestiono por qué personas con un historial de hostilidad hacia los demandados encontraron asientos esperándolas, mientras que observadores extranjeros independientes tuvieron que suplicar una silla.

Lo que se pidió al tribunal que decidiera

Una STRO es una orden civil, no una condena penal. En virtud del artículo 23 de la Ley de Esclavitud Moderna de 2015, un tribunal de magistrados solo puede dictar una STRO si está convencido de que la persona ha actuado de un modo que indica un riesgo de cometer un delito de esclavitud o de trata de personas. El tribunal también debe estar convencido de que la orden es «necesaria» para proteger a otros de un daño. Las órdenes contra los miembros de AROPL, sin embargo, son órdenes provisionales, que se aplican mientras el tribunal aún no se ha pronunciado sobre la solicitud completa. En virtud del artículo 28, el tribunal puede conceder una orden provisional simplemente «si considera que es justo hacerlo», y solo «por un periodo determinado».

Las primeras órdenes provisionales se concedieron el 1 de mayo, dos días después de la redada, contra el líder de AROPL, Abdullah Hashem, y otros cuatro miembros (BBC). Desde entonces, a las personas afectadas se les prohíbe entrar en Crewe, donde están sus hogares, sus familias y su lugar de culto.

La abogada de la policía presentó la solicitud de forma restringida. A su juicio, la audiencia se refería únicamente a la renovación de las órdenes provisionales, no a los detalles del caso. El tribunal no tenía que pronunciarse sobre la credibilidad de las pruebas, dijo, sino solo sobre si la conducta alegada podía repetirse.

La defensa volvió a situar el criterio jurídico en el centro: la proporcionalidad, y si más tiempo tenía alguna posibilidad realista de producir pruebas. Después de seis meses, preguntaron en esencia, ¿qué se ha encontrado, y qué aportarían otros seis meses?

Lo que puedo y no puedo contar

Durante la mayor parte del día, dos abogados de la defensa interrogaron a la inspectora detective que dirige la investigación y que había solicitado la redada en Webb House.

Al final de la audiencia, el tribunal impuso una orden temporal que restringe la información sobre las pruebas oídas ese día y la identificación de terceros, incluidos los testigos.

HRWF respetará esa orden. Por tanto, los lectores no encontrarán aquí los detalles del interrogatorio.

Lo que sí puedo decir es lo que cualquiera en la sala podía ver. La defensa preguntó repetidamente si una sola acusación de la única denunciante había sido corroborada de forma independiente. La Policía de Cheshire ha dicho públicamente desde el principio que las acusaciones se refieren a una sola mujer (BBC). La respuesta que oí con más frecuencia fue una variante de «esta es una investigación en curso». A menudo iba seguida de «tenemos más información de inteligencia de la que no podemos hablar, pero hay que analizarla» o de «parte de ella no puede revelarse».

A mí, como observador, me sonó menos a un caso en construcción que a un caso que todavía busca sus cimientos.

La resolución

La audiencia se prolongó hasta aproximadamente las 5:00 de la tarde, con una pausa de una hora para el almuerzo. El juez se retiró entonces a su despacho y regresó una media hora después. Reconoció que gran parte del material policial se basaba en testimonios de oídas. Aun así, dada la gravedad de los delitos alegados, prorrogó las órdenes seis meses, ¡hasta el 30 de abril de 2027!

Por tanto, las restricciones se mantienen. Los demandados siguen gozando de la presunción de inocencia, pero continúan en libertad bajo fianza, no pueden entrar en Crewe y, con sus condiciones actuales, siguen separados de sus hijos.

La Dra. Palmer me dijo después que se había quedado «estupefacta». En su opinión, los abogados de AROPL habían presentado argumentos muy sólidos, y no entendía por qué el juez concedió la prórroga después de reconocer que la mayor parte de las pruebas policiales eran testimonios de oídas. Comparto su sorpresa.

Por qué esto importa

Al término de la prórroga, estos hombres y mujeres habrán vivido un año entero bajo restricciones normalmente asociadas a delincuentes peligrosos, pese a su presunción de inocencia.

No han sido acusados de ningún delito, y mucho menos condenados.

Se les mantiene alejados de sus hogares, de sus hijos y de su lugar de culto sobre la base de acusaciones que, según el propio relato de la policía, todavía necesitan tiempo para fundamentar.

El caso ya muestra grietas. El 15 de octubre, la policía comunicó al abogado de Ivan Morales, uno de los sospechosos, que no se tomaría ninguna otra medida contra él. Morales ni siquiera se encontraba en el Reino Unido en el momento del delito alegado. En septiembre se sobreseyeron los casos contra 14 residentes de Webb House acusados de obstruir a la policía durante la redada (BBC).

La Policía de Cheshire ha afirmado repetidamente que «no está investigando la religión» (BBC). Eso es positivo. Sin embargo, los efectos de estas órdenes recaen sobre toda una comunidad religiosa, cuyos dirigentes han sido apartados de su centro durante medio año y ahora se enfrentan a otros seis meses lejos de él.

La presunción de inocencia (artículo 6(2) del Convenio Europeo de Derechos Humanos), el derecho a la vida familiar (artículo 8) y la libertad de religión (artículo 9) no desaparecen porque una acusación sea grave. Al contrario, cuanto más grave es la acusación, con más cuidado deberían comprobar los tribunales que las restricciones se basan en pruebas y no en la esperanza de que las pruebas aparezcan. Una orden civil con un umbral más bajo no debería convertirse en un sustituto indefinido de un proceso penal que la policía todavía no puede sostener.

También está la cuestión de la publicidad de la justicia. La audiencia fue pública y, sin embargo, el tribunal ha restringido temporalmente la información sobre las pruebas. HRWF respeta esa orden, y la ley permite tales restricciones para proteger los procedimientos. Pero su efecto práctico merece atención.

La policía sigue siendo libre de calificar las acusaciones de «graves» en sus declaraciones públicas, y los activistas hostiles continúan difundiendo su versión en internet. Mientras tanto, el examen al que se sometieron esas acusaciones en audiencia pública no puede darse a conocer. La libertad de expresión incluye el derecho del público a recibir información completa. Cuando solo una de las partes de una audiencia pública puede oírse fuera de la sala, la presunción de inocencia es la primera víctima.

Salí de Chester con una pregunta. Si el expediente sigue siendo así de endeble después de seis meses, ¿cuál será la respuesta del tribunal si sigue siéndolo en abril de 2027?

HRWF seguirá vigilando el caso.