Iraníes amenazados con la expulsión de Turquía por difundir carteles

Dos ciudadanos iraníes, Ali Lakzaeian Teimour y Sajjad Jafary, miembros de la Religión Ahmadi de la Paz y la Luz (AROPL), han afrontado una serie incesante de dificultades desde que huyeron de la persecución religiosa en Irán y buscaron refugio en Turquía. En su búsqueda de seguridad, se encontraron en cambio con condiciones inhumanas, traslados constantes entre campos de refugiados, coacción para firmar documentos bajo presión y amenazas de individuos extremistas, y todo ello sin recibir la protección que tan desesperadamente buscaban. Ahora, tras soportar meses de maltrato, se enfrentan a una expulsión forzosa por acusaciones vagas y de carácter político que a menudo se han utilizado para perseguir a personas por sus creencias. Sus actividades religiosas pacíficas, centrales en su fe, se criminalizan ahora, lo que marca otro doloroso capítulo en su largo camino en busca de seguridad. Este artículo examina el último avance en su lucha constante y pone de relieve las implicaciones más amplias de la libertad religiosa y del asilo en Turquía.

El 4 de febrero de 2025, la Dirección Provincial de Gestión de la Migración de Isparta dictó órdenes de expulsión contra Ali y Sajjad, con arreglo al artículo 54(1)(d) de la Ley n.º 6458 de Turquía sobre Extranjeros y Protección Internacional. La disposición autoriza la expulsión de las personas consideradas una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud, en este caso bajo el cargo de «incitar al público al odio y a la hostilidad». Pero el supuesto acto que sustenta esta grave acusación revela un precedente profundamente inquietante.

Los dos participaban en una labor misionera pacífica: repartían folletos y pegatinas que decían: «El Salvador esperado está entre nosotros: Abdullah Hashim Aba Sadiq M.S. Religión Ahmadi de la Paz y la Luz, la religión anunciada por los benditos Ahl al-Bayt del profeta Muhammad para los tiempos finales». Este mensaje no tiene nada de singular ni de controvertido en el discurso religioso más amplio de Turquía. Al contrario, la creencia en el Mahdi es un principio ampliamente aceptado en el islam, incluido el islam suní, que profesa más del 90 % de la población de Turquía. De hecho, los eruditos religiosos turcos hablan con regularidad del Mahdi en emisiones de televisión autorizadas por el Estado, declarando a menudo que su aparición es inminente o que ya ha tenido lugar.

Surge, pues, la pregunta: ¿cómo puede una creencia así, que no es ajena a Turquía, ser considerada un delito? Si no incita al odio ni falta al respeto a la religión, ¿qué justifica entonces la acción legal emprendida contra Ali Lakzaeian y Sajjad Jafary? El único factor distintivo parece ser la identidad del Mahdi, porque no cuenta con el aval oficial de las autoridades religiosas turcas sancionadas por el Estado. Esto plantea preguntas incómodas sobre la libertad religiosa y la neutralidad del Estado en materia de fe en Turquía.

Turquía, en su constitución y en sus compromisos internacionales, afirma garantizar la libertad de conciencia, de religión, de creencia y de expresión. Sin embargo, en la práctica estas libertades se respetan de forma selectiva. El Informe de 2022 del Departamento de Estado de los EE. UU. sobre la libertad religiosa en Turquía describe un marco jurídico que permite el control y la restricción sistémicos de la vida religiosa, en particular para las expresiones minoritarias del islam o no aprobadas por el Estado:

«La constitución establece el Diyanet, a través del cual el Estado coordina los asuntos islámicos. Según la ley, el mandato del Diyanet es posibilitar las creencias, prácticas y principios morales del islam, con especial atención al islam suní; educar al público sobre cuestiones religiosas; y administrar las mezquitas. Por ley, sus funciones incluyen redactar el sermón que se pronuncia cada viernes en todas las mezquitas del país y en las mezquitas con personal del Diyanet en el extranjero. El Diyanet opera bajo la presidencia, con su director nombrado por el presidente y administrado por un consejo de 16 personas elegido por los clérigos y las facultades universitarias de teología. El Diyanet tiene cinco departamentos principales, denominados altos consejos: servicios religiosos, servicios de hajj y umrah, educación, publicaciones y relaciones públicas. Aunque la ley no exige que todos los miembros del consejo sean musulmanes suníes, en la práctica así ha sido».

La autoridad del Diyanet incluye la redacción del sermón semanal del viernes que se pronuncia en las mezquitas de toda Turquía, centralizando así el relato y el mensaje religiosos. Este dominio institucional, unido a los códigos penales que tipifican como delito «insultar los valores religiosos» o «provocar hostilidad», otorga al Estado un amplio poder para suprimir las voces religiosas alternativas. Además, como explica el mismo informe, los grupos religiosos deben obtener la aprobación municipal y gubernamental para funcionar legalmente y celebrar oficios. Los grupos no registrados o que se desvían de la teología sancionada por el gobierno suelen enfrentarse a sanciones legales y administrativas.

En este contexto, la expulsión de Ali Lakzaeian Teimour y Sajjad Jafary parece tener menos que ver con la seguridad pública que con el monopolio de la interpretación religiosa. Su mensaje se presenta no como una afirmación teológica, sino como una amenaza al orden definido por el Estado. Tal interpretación equipara peligrosamente la diferencia de creencias con la intención delictiva. El compromiso declarado de Turquía con la libertad religiosa debe reflejarse en la práctica, y no solo en el principio. Si el mero hecho de creer en el Mahdi e invitar a otros a considerar su reaparición es causa suficiente de expulsión, la promesa de libertad religiosa queda vacía de sentido.

El principio de que «no hay coacción en la religión», consagrado en el Corán (2:256) y recogido en las normas internacionales de derechos humanos, exige no solo tolerancia, sino protección legal para las expresiones religiosas divergentes. No corresponde al Estado determinar en qué Mahdi se permite creer a los musulmanes, ni debe responderse al discurso religioso pacífico con la criminalización y la expulsión.

El caso de Ali Lakzaeian Teimour y Sajjad Jafary no trata solo de dos personas: refleja un conflicto más profundo entre la conformidad religiosa impuesta por el Estado y el derecho a la pluralidad religiosa en Turquía. Esto suscita serias dudas sobre si todavía hay espacio para la diversidad religiosa y la libertad de creencia en un país que se enorgullece de su identidad islámica. Por ello, esta orden de expulsión no puede considerarse razonablemente una respuesta a una amenaza legítima para el orden público. Más bien parece un acto de supresión religiosa de carácter político, dirigido contra personas únicamente por profesar una creencia que se aparta de la doctrina del islam aprobada por el Estado. Tales acciones no solo socavan las propias garantías constitucionales de Turquía sobre la libertad de creencia y de conciencia, sino que también violan sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluida la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la que Turquía es signataria. El artículo 18 de la Declaración establece claramente que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, lo que incluye la libertad de manifestar su religión o creencia mediante la enseñanza, la práctica y la observancia. Al criminalizar la expresión religiosa pacífica y expulsar por la fuerza a quienes sostienen interpretaciones distintas, Turquía no defiende la paz pública, sino que erosiona los principios fundamentales de la libertad religiosa y del pluralismo.